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Muchos de vosotros-as me habéis preguntado en los últimos días en qué consiste el contrato único. Sinceramente yo no soy especialista en Economía Laboral, así que voy a tratar de explicar dicho concepto lo mejor posible (para ampliar información podéis consultar los blogs Nada es Gratis y Politikon).
En la actualidad, España cuenta con una estructura dual en el mercado de trabajo de contratos indefinidos y/o fijos (muy protegidos) y contratos temporales (muy poco protegidos). Este hecho divide a los trabajadores en trabajadores de primera y de segunda (básicamente mujeres, desempleados mayores de 45 años, inmigrantes y sobre todo jóvenes). Los primeros suelen ser menos productivos, pero muy protegidos. En otras palabras, su despido sería carísimo (costes laborales elevados). Los trabajadores temporales pueden ser más o menos productivos, pero su despido sería más barato y la duración del subsidio desempleo mucho menor. Por lo general, estas diferencias de protección afectan a las empresas ya que prefieren despedir a los trabajadores menos protegidos y que menor coste supongan, independientemente de que sean más o menos productivos. A consecuencia de esto, los trabajadores temporales tienen pocos incentivos a formarse y los sindicatos tampoco tienen excesivas ganas de defender sus intereses. En este contexto, surge la idea de un contrato único que extendería la protección legal a todos aquellos que ahora tienen contratos temporales (más información aquí, aquí y aquí). La idea sería acabar con esa división entre temporales y fijos. La indemnización por despido sería creciente en el tiempo, lo cual no significa abaratar el despido. El objetivo consistiría en adoptar un nivel de protección intermedio único para todos, donde dicho nivel de protección podría ser menor, igual o mayor que en la actualidad. Los principales perjudicados serían los trabajadores “de primera” con más antigüedad (generalmente donde la cuota de afiliados sindicales es mayor) y sobre todo los intermediarios ETTs (empresas de trabajo temporal), gestorías y bufetes especializados en derecho laboral.
Sorprendentemente la gran mayoría de políticos (gobierno y oposición), sindicatos e incluso organizaciones empresariales se han posicionado en contra del contrato único. Únicamente algunos académicos y/o economistas se han posicionado a favor (aquí, aquí, aquí y aquí).
En la actualidad, España cuenta con una estructura dual en el mercado de trabajo de contratos indefinidos y/o fijos (muy protegidos) y contratos temporales (muy poco protegidos). Este hecho divide a los trabajadores en trabajadores de primera y de segunda (básicamente mujeres, desempleados mayores de 45 años, inmigrantes y sobre todo jóvenes). Los primeros suelen ser menos productivos, pero muy protegidos. En otras palabras, su despido sería carísimo (costes laborales elevados). Los trabajadores temporales pueden ser más o menos productivos, pero su despido sería más barato y la duración del subsidio desempleo mucho menor. Por lo general, estas diferencias de protección afectan a las empresas ya que prefieren despedir a los trabajadores menos protegidos y que menor coste supongan, independientemente de que sean más o menos productivos. A consecuencia de esto, los trabajadores temporales tienen pocos incentivos a formarse y los sindicatos tampoco tienen excesivas ganas de defender sus intereses. En este contexto, surge la idea de un contrato único que extendería la protección legal a todos aquellos que ahora tienen contratos temporales (más información aquí, aquí y aquí). La idea sería acabar con esa división entre temporales y fijos. La indemnización por despido sería creciente en el tiempo, lo cual no significa abaratar el despido. El objetivo consistiría en adoptar un nivel de protección intermedio único para todos, donde dicho nivel de protección podría ser menor, igual o mayor que en la actualidad. Los principales perjudicados serían los trabajadores “de primera” con más antigüedad (generalmente donde la cuota de afiliados sindicales es mayor) y sobre todo los intermediarios ETTs (empresas de trabajo temporal), gestorías y bufetes especializados en derecho laboral.
Sorprendentemente la gran mayoría de políticos (gobierno y oposición), sindicatos e incluso organizaciones empresariales se han posicionado en contra del contrato único. Únicamente algunos académicos y/o economistas se han posicionado a favor (aquí, aquí, aquí y aquí).
En mi opinión, los políticos tratan de maximizar su estancia en el poder. Un político (y menos el político español actual) no piensa en el largo plazo, no tiene una estrategia de futuro. Invertir y/o legislar en educación no puede convertirse en una cuestión de derechas o izquierdas. Recortar las partidas presupuestarias en I+D es un error a largo plazo, ya seas de derechas o de izquierdas. Dotar a la economía de estímulos e incentivos que fomenten la innovación y el emprendimiento, no es una cuestión de derechas e izquierdas. Recordad que nadie (tampoco un político) es lo bastante listo para resolver empezando desde cero algo que valga la pena. Una persona no puede entrar en política con treinta o cuarenta años y pretender ser político profesional. Esto acaba generando clientelismo, endogamia política y minando la credibilidad de las instituciones. La dedicación a la política (director general, secretario, concejal, alcalde, diputado, ministro, presidente, etc.) debería estar limitada a 12 años máximo y los mandatos tipo alcadía, ministro o presidente a 8 años. Es decir, que si alguien lleva ocho años como diputado, sólo tendría cuatro años para ejercer como presidente, alcalde o ministro.
Por su parte, los sindicatos únicamente se preocupan de sus afiliados (insiders), no de las personas que están fuera del mercado laboral (outsiders). Uno de los problemas por los cuales la afiliación sindical es baja (e incluso sigue disminuyendo) viene dada porque España ha dejado de ser un país mayoritariamente de personas que trabajan en fábricas y de funcionarios. España es un país de servicios, donde la clave son los trabajadores temporales, los profesionales independientes (abogados, dentistas, etc.), los pequeños comercios, los autónomos y, cada vez más, el empresario con ideas originales pero que en muchas ocasiones no puede acceder a mecanismos de financiación (aquí y aquí).
Finalmente, los empresarios tradicionales (CEOE) buscan mantener los costes laborales bajos, así que son partidarios de contratar una mano de obra lo menos cualificada posible. Apenas apuestan por la innovación y por consiguiente por la contratación de personal cualificado (graduados o doctores). Serían más partidarios de unos minijobs (aquí y aquí) entendiendo éstos como un escalón equivalente o inferior al actual estatus del trabajador temporal.
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Mientras tanto, seguimos sin hacer nada y en Europa estamos cada vez más cerca de una generación perdida.
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